El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento oficializó la ampliación a cuatro años de la elegibilidad restituida para las familias del programa Techo Propio. La medida busca rescatar a los hogares golpeados por estafas inmobiliarias, paralización de obras o quiebras financieras, dándoles el margen necesario para reubicar su subsidio en un nuevo proyecto habitacional.
📌 Lo que debes saber sí o sí
- La Resolución Ministerial N.° 432-2026-VIVIENDA modifica el Reglamento Operativo del subsidio estatal.
- Se concede un nuevo plazo de cuatro años (48 meses) para que las familias reasignen el dinero del bono.
- Aplica bajo los criterios del artículo 6-A de la Ley N.° 27829 para damnificados por malos promotores.
- La restitución de la condición de elegible se otorga por única vez para la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva.
Frenan el reloj burocrático para proteger el subsidio familiar
La frustración de miles de familias peruanas que vieron paralizado el sueño de la casa propia debido al abandono de obras o la quiebra de promotoras inmobiliarias encuentra hoy una vía de escape en la normativa oficial. Mediante la Resolución Ministerial N.° 432-2026-VIVIENDA, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó una modificación sustancial al Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional (BFH). La norma reestructura el artículo 3 de la anterior Resolución Ministerial N.° 045-2025-VIVIENDA, fijando que la elegibilidad restituida para los grupos familiares beneficiarios en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) se extenderá a cuatro años contados desde su publicación oficial.
Esta reconfiguración legal responde a los diagnósticos técnicos del Fondo Mivivienda, entidad que advirtió que el plazo temporal previo resultaba dramáticamente insuficiente para que las familias perjudicadas pudieran recuperarse del impacto económico, calificar a nuevas opciones y encontrar un inmueble acorde con sus necesidades reales. El mercado de la vivienda de interés social exige tiempos de evaluación crediticia y saneamiento legal de proyectos que sobrepasaban la vigencia del beneficio estatal, dejando a los ciudadanos desprotegidos ante trámites administrativos perentorios.

«No podíamos permitir que la burocracia castigue con la pérdida del bono a las familias que ya fueron perjudicadas por malas constructoras.»
— Mesa de Redacción y Análisis de El Quipu PE
Blindan el dinero del Estado ante estafas e insolvencias
El marco legal especifica que esta ventana amplia de cuatro años no opera de forma indiscriminada, sino que está orientada a resguardar a las víctimas de incumplimientos graves amparados en el artículo 6-A de la Ley N.° 27829. El dispositivo contempla escenarios donde se ha tenido que entablar un proceso judicial para la recuperación del subsidio debido a faltas contractuales directas del desarrollador inmobiliario, promotor, entidad técnica o garante. Asimismo, protege a las familias frente a la liquidación de las entidades financieras que respaldaban las operaciones o ante procedimientos de ejecución de patrimonios fideicometidos.
Un aspecto central de la resolución determina que esta restitución se otorga por única vez. Este mecanismo garantiza que el valor del Bono Familiar Habitacional mantenga su efectividad liberatoria y no se diluya por culpa de terceros. De este modo, las familias que recuperaron su elegibilidad no perderán el respaldo del Estado y podrán postular de manera reactivada a un desarrollo inmobiliario distinto, con empresas que sí acrediten solvencia financiera y garantías vigentes dentro del programa Techo Propio.
Sepa cómo verificar su estado sin pagar intermediarios
Los beneficiarios inmersos en procesos de restitución deben saber que el trámite no requiere de gestores ni cobros de comisión. El Fondo Mivivienda actualizará la nómina de elegibilidad restituida en sus plataformas digitales oficiales y en sus centros de atención presencial a nivel nacional. Las familias perjudicadas por proyectos fallidos solo deben validar que su expediente figure debidamente ingresado bajo los alcances de la Ley N.° 27829 para iniciar, con el margen de 48 meses a su favor, la búsqueda de una nueva oferta habitacional certificada.
Esta nota ha sido elaborada y contextualizada por la redacción de El Quipu PE a partir de coberturas y reportes de interés público publicados por
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