Un encendido debate en la Comisión Bicameral de Presupuesto abre el camino para modificar las reglas laborales del sector público de cara al ejercicio fiscal 2027. Congresistas y gremios estatales presionan al Ministerio de Economía para exonerar del cronograma gradual de la Ley 32563 a los servidores CAS que cesen por límite de edad, permitiéndoles cobrar el 100% de su CTS, al tiempo que exigen bonos extraordinarios y mejoras salariales en el sector Educación.
📌 Lo que debes saber sí o sí
- Pugna en el Congreso: El legislador Ernesto Zunini planteó otorgar el 100% de la CTS a trabajadores CAS que cesen por alcanzar los 70 años entre 2026 y 2027.
- Cronograma gradual cuestionado: La Ley 32563 y el Decreto Supremo 142-2026-EF fijaron un pago inicial del 10% en 2026 y 20% en 2027, alcanzando la totalidad recién en 2030.
- Propuesta de extensión laboral: El senador Iber Antenor Maraví formalizó ante el presidente de la comisión, José Arista, el pedido para prolongar empleos CAS hasta el 31 de diciembre de 2030.
- Reclamos en el sector Educación: El sindicato SITCASMED exige un bono de excelencia para el Minedu y una asignación extraordinaria para el personal de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).
Exigen romper la escala gradual y pagar CTS completa a jubilados
El debate en torno a la Ley de Presupuesto Público 2027 ha reabierto una brecha de profunda tensión laboral dentro del aparato del Estado. Durante el desarrollo de las sesiones en la Comisión Bicameral de Presupuesto, el congresista Ernesto Zunini llevó al pleno de la discusión una demanda sensible para miles de empleados públicos: autorizar que los servidores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) que deban retirarse de la función pública por límite de edad durante 2026 y 2027 perciban de inmediato el 100% de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Esta propuesta busca quebrar la rigidez del esquema escalonado vigente para evitar que los trabajadores en edad de jubilación pasen al retiro con montos desvalorizados.
La controversia radica en la arquitectura normativa actual. Si bien la Ley 32563 reconoció por primera vez el derecho del personal CAS a percibir este beneficio, su implementación quedó supeditada a una tabla de gradualidad reglamentada en el Decreto Supremo 142-2026-EF. Según dicha disposición, la base de cálculo para la CTS equivale a apenas un 10% de la remuneración mensual por cada año servido durante 2026, eleva el margen a un 20% en 2027, escala al 30% en 2028 y al 50% en 2029. Solo a partir de 2030 los servidores estatales podrán acceder al cobro íntegro. Frente a este panorama, Zunini argumentó que someter a quienes cumplen el ciclo biológico laboral de 70 años a un cobro parcial representa un perjuicio directo a su subsistencia tras décadas de trabajo.
«Resulta inviable enviar al retiro a un servidor público con una fracción mínima de su CTS tras años de trabajo en el Estado; el dictamen presupuestal debe hacer justicia con el personal en límite de edad.»
— Mesa de Redacción y Análisis de El Quipu PE
Plantean permanencia voluntaria hasta 2030 y bonos en Educación
A la par del reclamo por la CTS, el frente de representación gremial ha presentado alternativas para frenar el cese forzoso. La normativa actual dictaminada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) establece los 70 años como causal de extinción del contrato CAS, aunque precisa que el cese no es automático: aquellos servidores que alcanzaron esa edad antes del 20 de julio de 2026 pueden laborar hasta el 31 de diciembre del presente año, mientras que quienes los cumplan de manera posterior pueden solicitar formalmente su permanencia hasta el cierre de su año fiscal. En este escenario, el senador Iber Antenor Maraví canalizó ante el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Arista, una propuesta nacida del Sindicato Nacional de Servidores del OEFA (SINSE-OEFA) y del SITRAM Wanka Willka-MPH para incluir una disposición complementaria que autorice la continuidad voluntaria de los trabajadores CAS indeterminados hasta el 31 de diciembre de 2030.
En paralelo, el sector Educación se ha consolidado como otro eje crítico de las solicitudes presupuestales. El congresista Zunini respaldó formalmente los reclamos remitidos por el Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación (SITCASMED) en el marco de su negociación colectiva con la entidad estatal. Entre las demandas clave del pliego figuran la entrega de un ‘bono de excelencia’ para el personal CAS asignado al Minedu, la entrega de una bonificación otorgada por única vez para los profesionales de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) y la actualización urgente de las escalas salariales de este último grupo, cuya retribución ha quedado relegada frente al costo de vida actual.
Siguen negociaciones en el dictamen presupuestal del Parlamento
La incorporación de estas peticiones en el texto final del Presupuesto 2027 dependerá de la capacidad de concertación entre la mesa directiva de la comisión legislativa que lidera José Arista y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Mientras las dirigencias del SITCASMED y los gremios de entidades fiscalizadoras monitorean el avance de la negociación colectiva y el dictamen parlamentario, la burocracia estatal aguarda la definición técnica que determinará si el Estado peruano asumirá el costo fiscal directo de nivelar la CTS o si mantendrá el cerrojo gradual hasta la meta proyectada para 2030.
Esta nota ha sido elaborada y contextualizada por la redacción de El Quipu PE a partir de coberturas y reportes de interés público publicados por
La República,
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