La ceguera selectiva de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria frente al avance imparable del oro ilegal evidencia una falla estructural en el control fiscal del Perú. Mientras la fiscalización tributaria sofoca a la micro y pequeña empresa formal, miles de kilos de metal precioso de procedencia ilícita cruzan las fronteras sin dejar un solo sol en las arcas del Estado.
📌 Lo que debes saber sí o sí
- El negocio del oro ilegal mueve más de S/ 22,000 millones anuales en el Perú, desplazando al narcotráfico como la principal economía criminal del país.
- Más del 80% de registros en el REINFO se encuentran suspendidos, sirviendo como escudo legal para comercializar insumos sin fiscalización.
- La evasión tributaria por IGV e Impuesto a la Renta en la cadena aurífera ilícita supera los S/ 6,000 millones de soles al año.
- Especialistas exigen al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la implementación inmediata de un sistema digital obligatorio de trazabilidad desde la bocamina hasta el puerto de exportación.
Ciegos ante el saqueo mientras asfixian al pequeño contribuyente
En el célebre experimento de psicología cognitiva sobre el ‘gorila invisible’, los observadores están tan concentrados en contar los pases de un balón de básquetbol que son incapaces de notar a un sujeto disfrazado de simio que camina en medio del escenario. En la economía peruana contemporánea, el gorila invisible es la descomunal masa de oro ilegal que transita impunemente por carreteras, centros de acopio y plantas de beneficio a nivel nacional. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) enfoca su microscopio punitivo y sus notificaciones electrónicas sobre los pequeños empresarios y profesionales independientes, mientras un flujo multimillonario de mineral sucio evade todo control aduanero y tributario.
Desde los yermos devastados por la minería aluvial en La Pampa, en la región Madre de Dios, hasta los socavones violentados en Pataz (La Libertad) y Secocha (Arequipa), la extracción y comercialización clandestina de oro ha dejado de ser un problema exclusivamente ambiental para convertirse en una amenaza a la seguridad nacional. A pesar de los intermitentes operativos de interdicción ejecutados por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, el circuito financiero del negocio permanece intocable. Las redes de acopio emiten guías de remisión adulteradas y operan mediante empresas fachada que compran insumos críticos como el cianuro y el mercurio sin levantar sospechas en los sistemas informáticos del ente recaudador.
«No estamos ante una falta de capacidad tecnológica de la Sunat, sino ante un mapa de prioridades trastocado: se persigue implacablemente al formal por una falla en su boleta mientras toneladas de oro ilegal cruzan la frontera a plena luz del día.»
— Mesa de Redacción y Análisis de El Quipu PE
Desangran las arcas públicas ante la pasividad institucional
El costo socioeconómico de esta inacción institucional resulta devastador para la caja fiscal del país. Cifras del sector minero-energético y análisis tributarios independientes calculan que la evasión conjunta del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta derivada de la exportación de oro ilícito bordea los S/ 6,000 millones de soles al año. Se trata de recursos cruciales que el Tesoro Público deja de percibir, fondos que perfectamente podrían financiar la construcción de hospitales regionales, el equipamiento tecnológico de la policía o la rehabilitación de la infraestructura escolar pública. En su lugar, esos recursos alimentan redes de crimen organizado, minería ilegal y trata de personas.
En el centro de esta maraña administrativa opera el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). De los más de 87,000 registros vigentes en la plataforma estatal, la inmensa mayoría se encuentra en condición de suspendidos por no cumplir los requisitos mínimos ambientales ni operativos. Sin embargo, en la práctica, dicha condición funciona como un salvoconducto de impunidad: impide que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) incaute el mineral e impida su transporte hacia las plantas procesadoras de la costa, donde el metal se purifica y sale rumbo a mercados internacionales como Suiza, India y los Emiratos Árabes Unidos sin pagar tributo alguno.
Exigen trazabilidad digital obligatoria y reforma del sistema aduanero
Frente a este desfalco continuo, la mesa editorial de este diario concuerda con los analistas económicos en la urgencia de reestructurar de manera integral el modelo de fiscalización de la Sunat. El Estado peruano no puede seguir actuando como un espectador pasivo. Se requiere la implementación inmediata de una plataforma de trazabilidad digital mediante código QR y tecnología blockchain que vincule en tiempo real la producción autorizada en concesión con el volumen transportado y procesado. Asimismo, resulta imperativo que el MEF disponga auditorías exhaustivas sobre las grandes comercializadoras e intempestivas inspecciones en los puntos de embarque marítimo y aéreo del país.
Esta nota ha sido elaborada y contextualizada por la redacción de El Quipu PE a partir de coberturas y reportes de interés público publicados por
Diario Expreso,
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