Miles de servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 que alcancen el límite de edad legal este 2026 afrontan un retiro forzoso con apenas el 10% de su Compensación por Tiempo de Servicios. Frente a este desfase económico, el Congreso alista una fórmula presupuestaria para que los empleados públicos puedan postergar voluntariamente su cese definitivo hasta el año 2030 y cobrar el beneficio íntegro.
📌 Lo que debes saber sí o sí
- El Decreto Supremo 142-2026-EF fijó una escala progresiva que otorga únicamente el 10% de CTS y aguinaldo este 2026, subiendo a 20% en 2027 y llegando al 100% recién en 2030.
- Los trabajadores CAS que cumplan 70 años en 2026 deben cesar obligatoriamente al 31 de diciembre, cobrando una fracción mínima tras décadas de servicio.
- La iniciativa legislativa de Diego Bazán Calderón (Renovación Popular) busca facultar la permanencia laboral voluntaria hasta los 74 años para asegurar la liquidación completa.
- El debate de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 será el escenario decisivo para modificar el límite de permanencia de los servidores estatales.
Frenan el retiro forzoso de servidores CAS ante liquidaciones recortadas
La histórica conquista laboral que incorporó la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y las gratificaciones ordinarias para el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) dejó al descubierto una brecha perjudicial para los trabajadores de mayor edad. Con la entrada en vigor del Decreto Supremo 142-2026-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas determinó que la implementación de estos beneficios se ejecutara de manera escalonada, asignando únicamente una tasa del 10% durante este ejercicio fiscal 2026 y proyectando un 20% para el 2027 dentro del pliego presupuestal en elaboración. Sin embargo, la legislación peruana impone el cese automático al 31 de diciembre del año en que el empleado cumple los 70 años, lo que condena a quienes llegan a esa edad en el corto plazo a despedirse del aparato estatal con un porcentaje insignificante de liquidación.
Frente a este escenario de desprotección, el legislador Diego Bazán Calderón, integrante de la bancada de Renovación Popular, prepara una disposición complementaria dentro de la Ley de Presupuesto 2027 para frenar la salida obligatoria de este personal. Según alertó el comunicador y analista en temas sindicales de la administración pública, César Espinoza, el objetivo de la medida consiste en consagrar el derecho a la continuidad laboral facultativa. De prosperar este mecanismo, los servidores que cumplan las siete décadas de vida podrán decidir si extienden sus funciones en las entidades estatales hasta el año 2030, periodo en el que el cronograma oficial alcanzará finalmente la cobertura del 100% de la CTS calculada sobre el total de su remuneración y tiempo de servicio acumulado.
«Obligar a un servidor público a marcharse a los 70 años con solo el 10% de su CTS constituye un castigo inadmisible tras años de precariedad en el Estado.»
— Mesa de Redacción y Análisis de El Quipu PE
Calculan el impacto financiero entre retirarse al 10% o esperar al 2030
La diferencia económica entre cesar en el presente ejercicio o permanecer en funciones resulta sustancial para la economía doméstica de un trabajador veterano. Debido a que la CTS en el régimen CAS no existía formalmente con anterioridad y su liquidación se ejecuta únicamente al momento del cese definitivo sobre la base del sueldo percibido, un empleado con un ingreso mensual de S/ 3.000 que deba retirarse forzosamente este 2026 por límite de edad recibiría una compensación castigada al 10%, percibiendo montos irrisorios que no reflejan el desgaste de sus años dedicados al servicio público. Solo quienes mantengan vínculo contractual vigente al 2030 accederán al cálculo total íntegro equivalente a un sueldo completo por año laborado bajo los términos de la normativa.
Este reclamo no constituye un hecho aislado en el Palacio Legislativo. Bazán Calderón ya había planteado con anterioridad ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República un esquema alternativo mucho más agresivo, orientado a comprimir el cronograma gradual a solo tres años para evitar la pulverización de los ingresos de los trabajadores más vulnerables. La insistencia parlamentaria responde a la asimetría creada por el propio Ejecutivo, que mientras garantiza partidas presupuestales para solventar el 20% en 2027 dando continuidad al marco legal del gobierno anterior, mantiene una guillotina etaria que expulsa a servidores experimentados en el periodo de menor pago porcentual de beneficios sociales.
Evalúan alternativas legales y plazos clave en el Congreso de la República
Los trabajadores estatales que bordean la barrera cronológica deberán seguir de cerca las sesiones de la Comisión de Presupuesto del Congreso entre setiembre y noviembre, cuando se defina la redacción final de la ley presupuestaria 2027. De aprobarse la disposición promovida por Renovación Popular, no se tratará de una obligación de permanencia, sino de un acto voluntario donde cada colaborador formalizará ante su respectiva Oficina de Recursos Humanos (ORH) la intención de mantenerse en el puesto hasta cumplir los 74 años en 2030, blindando así su liquidación final. Aquellas personas en edad de jubilación que deseen revisar su situación contractual deberán verificar la vigencia de sus adendas CAS indeterminadas y solicitar con anticipación su proyección de liquidación a los equipos de personal de sus pliegos ministeriales o gobiernos subnacionales.
Esta nota ha sido elaborada y contextualizada por la redacción de El Quipu PE a partir de coberturas y reportes de interés público publicados por
Infobae,
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